Mapa Político de España de 1982

Mapa Político de España de 1982 (Versión PDF)

Fecha: 29/10/07

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Organización Territorial

España es una nación organizada territorialmente en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. El Título VIII de la constitución establece la organización territorial del Estado en municipios, provincias y comunidades autónomas, éstas con competencias para gestionar sus propios intereses con un amplio nivel de autonomía, poderes legislativos, presupuestarios, administrativos y ejecutivos en las competencias exclusivas que el Estado les garantiza a través de la Constitución y de cada Estatuto de autonomía. Aunque Navarra no se constituyó propiamente en Comunidad Autónoma, siendo una Comunidad Foral, y no habiendo desarrollado un Estatuto de Autonomía, sino articulando un amejoramiento de sus fueros tradicionales, es considerada comunidad autónoma a todos los efectos, según la interpretación del Tribunal Constitucional.

Cada comunidad autónoma está formada por una o varias provincias, haciendo un total de 50.

Desde 2003 se ha adoptado la Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas, o unidades NUTS, de tres niveles, con fines meramente estadísticos basados en las normativas europeas y fijados por el Eurostat. Las 50 provincias españolas y las dos ciudades autónomas se encuentran clasificadas en los niveles NUTS-3; las 17 comunidades autónomas se encuentran clasificadas en los niveles NUTS-2; y para los niveles NUTS-1 se han creado los grupos de comunidades autónomas.

Reclamaciones territoriales y territorios en disputa

España reclama históricamente la retrocesión de la colonia (actualmente Territorio Británico de Ultramar) de Gibraltar, si bien se ha mostrado últimamente favorable a fórmulas de soberanía compartida. La reclamación comenzó desde el momento en que tropas angloholandesas tomaron la plaza en nombre del archiduque Carlos durante la Guerra de Sucesión Española (1704), pasando posteriormente a manos británicas mediante el Tratado de Utrecht (1713). La reclamación, que incluyó operaciones militares, fue particularmente intensa durante el siglo XVIII, languideció durante el XIX y primera mitad del XX y fue llevada por el gobierno franquista a Naciones Unidas durante la década de 1960. Allí, encuadrada en los procesos descolonizadores, España obtuvo el respaldo a su postura al reconocer las resoluciones al efecto (2231 y 2353) que el proceso descolonizador debía respetar el derecho a la integridad territorial de España y que los intereses, y no los deseos de los gibraltareños, debían ser respetados. España no reconoce, sin embargo, la soberanía británica sobre el istmo que une el continente con el peñón.

Por otra parte, Portugal no reconoce la soberanía española sobre la comarca pacense de Olivenza (si bien no reclama activamente su soberanía), cedida por Portugal a España mediante el tratado de Badajoz (1801). Las resoluciones del Congreso de Viena son interpretadas de forma divergente por ambos países. Mientras que Portugal estima que aquellas obligaban a España a devolver Olivenza, España opina que se trata de una simple declaración de buenos deseos, sin capacidad resolutiva, razón por la que Olivenza siguió unida a España. Finalmente, España no reconoce las pretensiones de soberanía de Portugal sobre las islas Salvajes.

También la soberanía sobre el deshabitado islote de Perejil se encuentra disputada con Marruecos. Aunque desalojada tras el incidente de la isla Perejil (2002), por acuerdo entre ambos países no se encuentra asentada allí ninguna fuerza militar o policial, sin que ninguna de las partes haya renunciado a sus pretensiones de soberanía. Por otra parte, Marruecos reclama informalmente la cesión de los territorios de Ceuta y Melilla, así como las denominadas plazas de soberanía en el continente africano. Algunos movimientos irredentistas en Marruecos, como el partido Istiqlal, reclaman la inclusión en el denominado "Gran Marruecos" de las islas Canarias.